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oai:riubu.ubu.es:10259/115202026-04-16T07:02:01Zcom_10259_7072com_10259_3812com_10259.4_106com_10259_2604col_10259_10673

Medina Arnáiz, Teresa 2026-04-15T11:40:47Z 2026-04-15T11:40:47Z 2019 978-84-7943-545-5 https://hdl.handle.net/10259/11520 El objetivo de prevenir y combatir el fraude, la corrupción y cualesquiera otras irregularidades en la contratación pública constituye una prioridad en la nueva regulación contractual en tanto que estas prácticas socavan la eficiencia de los procedimientosde adjudicación y contravienen sus normas esenciales, cercenando la posibilidad de lograr un uso eficiente de los fondos públicos. Tanto desde el Derecho de la Unión Europea, con la aprobación de las Directivas sobre contratación pública del año 2014, como desde el Derecho nacional con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (en adelante LCSP), los esfuerzos se han centrado en promover la transparencia, la integridad y la buena gobernanza en todas las fases contractuales como elementos necesarios para garantizar la máxi­ma apertura a la competencia. spa info:eu-repo/semantics/closedAccess El mapa de la corrupción en la contratación pública info:eu-repo/semantics/bookPart