El estudio doctoral corrobora la hipótesis investigadora de que el cambio económico que introduce la política de reutilización de datos públicos en España, sólo puede ser efectivo si, con carácter previo, se produce un cambio político-administrativo sustancial. Que las personas físicas y jurídicas, públicas o privadas, tengan acceso a un alto porcentaje de datos usados para finalidades diferentes de las que motivaron su recopilación, dependerá del contexto institucional, pues en estructuras organizativas donde exista interacción, adaptación constante al entorno, servicios telemáticos interoperables y seguridad jurídica, será posible la reutilización de la información generada por el Sector Público. La Transparencia Pública, como exigencia social de primer orden y principio democrático referencial, conduce hacia una cultura organizativa diferente, caracterizada por la apertura de los procesos, los medios y los resultados del poder público a los ciudadanos. Tal principio alcanza su máxima expresión en el Derecho a la Información de que debe disfrutar cualquier persona. En este sentido, la Administración Pública cumple un papel relevante en la Sociedad Tecnológica, pues tiene la misión de hacer viable este Derecho constitucional, ya que es la institución que más datos acapara y quien mejor puede tratarles y exponerles para el conocimiento general de la sociedad. La materialización del referido Derecho a la Información puede producirse de forma pasiva, cuando el ciudadano pide a las instituciones que le faciliten datos, o de forma activa, cuando la Administración suministra a éste la información sin previo requerimiento, opción ésta última que es tratada con mayor detenimiento en el presente trabajo por su reciente incorporación a la vida jurídica. El análisis conjunto de la Transparencia, el Acceso y la Reutilización de la información pública pone de manifiesto la necesidad de que los operadores institucionales, sociales y económicos confluyan en su actuación de manera simultánea, dialéctica, integrada y coordinada, que asegure una correcta transferencia, y posterior transacción, de los activos de la información pública.
