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Megino Fernández, Diego 2024-02-23T10:12:27Z 2024-02-23T10:12:27Z 2014-11 2792-8314 http://hdl.handle.net/10259/8726 10.51302/rtss.2014.3042 2792-8322 Como seguro es conocido, en su artículo 40.2 la Constitución Española (CE) dirige un mandato firme y específico [convertido en garantía expresa a favor de la mano de obra en el art. 4.2 d) ET] a los poderes públicos, a los cuales compete velar en términos generales por la seguridad e higiene en el entorno productivo. De su combinación con el universal derecho de la ciudadanía a la protección de la salud (art. 43.1 CE), surge la necesidad de desplegar en el ámbito productivo una óptima política tuteladora; razón de ser de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL), y de toda su normativa complementaria y de desarrollo. spa http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ info:eu-repo/semantics/openAccess Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional Un criterio fundamental en la delimitación del recargo por prestaciones: la relevancia, en términos de gravedad, del incumplimiento empresarial info:eu-repo/semantics/article