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Martínez Barroso, María de los Reyes
Megino Fernández, Diego
2024-02-23T11:41:54Z
2024-02-23T11:41:54Z
2020-11
2792-8314
http://hdl.handle.net/10259/8731
10.51302/rtss.2020.924
2792-8322
Comentario a la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de 3 de junio de 2020 (rec. 397/2020)
La prevalencia de los derechos fundamentales de la persona trabajadora y las especiales dificultades probatorias de su vulneración constituyen las premisas bajo las que la jurisprudencia constitucional ha venido aplicando la específica distribución de la carga de la prueba en las relaciones de trabajo, hoy recogida en los artículos 96.1 y 181.2 de la Ley reguladora de la jurisdicción social (LRJS). Una vez constatada la concurrencia de indicios de que se ha producido violación, corresponderá a la persona demandada la aportación de una justificación objetiva y razonable, «suficientemente probada», de las medidas adoptadas (Sentencia del Tribunal Supremo –STS– 236/2016, de 18 de marzo). En el caso de autos, existen indicios de discriminación de la parte actora por razón de su cambio de estado civil, a la vista de los hechos probados en la instancia, por lo cual correspondería a la empleadora aportar una justificación objetiva y razonable de la decisión extintiva adoptada y de su proporcionalidad.
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Centro de Estudios Financieros
Revista de Trabajo y Seguridad Social. CEF. 2020, n. 452, p. 212-218
https://doi.org/10.51302/rtss.2020.924
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
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Derecho laboral
Labor laws and legislation
Telemática y pruebas procesales
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Revista de Trabajo y Seguridad Social. CEF
452
212
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