2026-06-17T16:51:17Zhttps://riubu.ubu.es/oai/requestoai:riubu.ubu.es:10259/87312024-02-24T01:05:18Zcom_10259_8721com_10259_3812com_10259.4_106com_10259_2604col_10259_8722
Martínez Barroso, María de los Reyes
Megino Fernández, Diego
2024-02-23T11:41:54Z
2024-02-23T11:41:54Z
2020-11
2792-8314
http://hdl.handle.net/10259/8731
10.51302/rtss.2020.924
2792-8322
La prevalencia de los derechos fundamentales de la persona trabajadora y las especiales dificultades probatorias de su vulneración constituyen las premisas bajo las que la jurisprudencia constitucional ha venido aplicando la específica distribución de la carga de la prueba en las relaciones de trabajo, hoy recogida en los artículos 96.1 y 181.2 de la Ley reguladora de la jurisdicción social (LRJS). Una vez constatada la concurrencia de indicios de que se ha producido violación, corresponderá a la persona demandada la aportación de una justificación objetiva y razonable, «suficientemente probada», de las medidas adoptadas (Sentencia del Tribunal Supremo –STS– 236/2016, de 18 de marzo). En el caso de autos, existen indicios de discriminación de la parte actora por razón de su cambio de estado civil, a la vista de los hechos probados en la instancia, por lo cual correspondería a la empleadora aportar una justificación objetiva y razonable de la decisión extintiva adoptada y de su proporcionalidad.
spa
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
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Telemática y pruebas procesales
info:eu-repo/semantics/article