El principio de interoperabilidad en el ordenamiento jurídico español: hacia una nueva concepción del sector público en la sociedad del conocimiento

Abstract

La Administración pública no puede concebirse hoy como en épocas pretéritas pues, además de cumplir con sus funciones tradicionales, tiene encomendada la finalidad esencial de cohesión social. Por tanto, si la sociedad cambia y está expuesta al riesgo, la Administración pública, como institución más cercana al ciudadano, debe reformarse y adaptarse continuamente a las necesidades de este a quien sirve. La información que poseen y que generan las organizaciones públicas es un recurso básico en Democracia, tanto para los ciudadanos como para las propias instituciones. Un tratamiento homogéneo, sistemático y seguro de esta información es una de las tareas esenciales a que deben hacer frente las Administraciones públicas. En este sentido, uno de los nuevos principios que recoge expresamente la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, es el principio de interoperabilidad. Tal principio, pese a no resultar una novedad en nuestro ordenamiento jurídico, sí que se formula de manera autónoma y es quien preside las relaciones interadministrativas electrónicas. Así, la revolución silenciosa que supone la interoperabilidad está dando lugar a una concepción vanguardista del sector público en nuestro país, superando la tradicional visión interna de la Administración pública por un enfoque basado en el ciudadano como protagonista indiscutible de su actuar.

Public Administration cannot be conceived today as it was in past times because, in addition to fulfilling its traditional functions, it is entrusted with the essential aim for social cohesion. Therefore, if society changes and is exposed to risk, the public Administration, as the closest institution to the citizen, must be reformed and continually adapted to the needs of the ones it serves. The information that public organizations possess and generate is a basic resource in Democracy, both for citizens and institutions. A homogeneous, systematic and safe treatment of this information is one of the essential tasks that public Administrationsmust face. Accordingly, one of the new principles expressly included in Law 40/2015, of 1 October, on the Legal Regime of the Public Sector, is the interoperability principle. This principle, although not a novelty in our legal system, is autonomously formulated and presides over electronic inter-administrative relations. The silent revolution of interoperability is giving way to an avant-garde conception of the public sector in our country, surpassing the traditional internal vision of the public Administration, towards a citizen-based approach as the undisputed protagonist of its action.