La adjetivación de la contratación pública como estratégica supone atender
a objetivos de interés general desde la normativa contractual más allá de regular los procedimientos de adjudicación de las entidades del sector público. De
forma genérica, se alude a la contratación pública estratégica para referirnos al
hecho de que la inversión pública que acompaña la contratación tenga en cuenta
o impulse objetivos beneficiosos para toda la sociedad -principalmente de carácter
medioambiental y/o social- desde un planteamiento que aboga por aprovechar
sinergias para impulsar la sostenibilidad en distintas dimensiones (económica, social, medioambiental y de gobernanza).
