En España, se parte de una ausencia de regulación positiva concreta hasta
el siglo XIX, para posteriormente ir regulándose la propiedad horizontal y la
obligación de pago para el mantenimiento del edificio, inicialmente mediante
el artículo 396 CC y, posteriormente, a través de una fórmula mixta: Código
Civil y ley especial.
Lo que fue una tímida regulación inicial a través del artículo 396 CC original, se fue complementado en sus sucesivas reformas y a través de la promulgación de la Ley de Propiedad Horizontal. Esta regulación prosiguió con
sucesivas reformas legales de la ley especial hasta llegar a la Ley 10/2022,
de 14 de junio, de medidas urgentes para impulsar la actividad de rehabilitación edificatoria en el contexto del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia. Esta ley es la que introduce las medidas disuasorias en nuestro
ordenamiento jurídico.
