Debemos ser plenamente conscientes que en los contextos de crisis que hemos padecido, destacando principalmente la crisis del crédito y de la pande-mia de la Covid-19, se han hecho esfuerzos por las administraciones públicas para el auxilio de los ciudadanos, principalmente para ayudar a aquellos que quedaban en una situación de desamparo. Estos esfuerzos, en los supuestos en que se puede encontrar alguna analogía con las comunidades de propieta-rios, se concentraron principalmente en los deudores hipotecarios, arrendata-rios de vivienda, ambos de vivienda habitual, así como en los mecanismos de segunda oportunidad de particulares y autónomos, expedientes reguladores temporales de empleo y programa de ayudas a autónomos que hubieran visto drásticamente reducida su facturación a consecuencia de la pandemia.Sin embargo, ese mismo esfuerzo no se realizó con los deudores comu-nitarios, quienes como consecuencia de la situación excepcional se encontra-ban en una situación financiera precaria, cuya última consecuencia pudiera haber implicado también la pérdida de su vivienda habitual, tras la ejecución por parte de la comunidad de propietarios del título ejecutivo derivado del procedimiento regulado en el artículo 21 LPH, normalmente el Decreto del Letrado de la Administración de Justicia. Por tanto, siendo probable que el resultado último de una ejecución hipotecaria y del procedimiento monitorio previsto en el artículo 21 LPH sea el mismo, no se entiende bien porque se beneficia a la misma persona como deudor hipotecario y, sin embargo, esto no se hace respecto del deudor comunitario.
