El objetivo de prevenir y combatir el fraude, la corrupción y cualesquiera otras irregularidades en la contratación pública constituye una prioridad en la nueva regulación contractual en tanto que estas prácticas socavan la eficiencia de los procedimientosde adjudicación y contravienen sus normas esenciales, cercenando la posibilidad de lograr un uso eficiente de los fondos públicos.
Tanto desde el Derecho de la Unión Europea, con la aprobación de las
Directivas sobre contratación pública del año 2014, como desde el Derecho nacional con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (en adelante LCSP), los esfuerzos se han centrado en promover la transparencia, la integridad y la buena gobernanza en todas las fases contractuales como elementos necesarios para garantizar la máxima apertura a la competencia.
