Resultados de investigación del profesorado universitario: procedencia de una reforma de la ley que elimine la incertidumbre sobre la titularidad de los derechos de propiedad intelectual

Abstract

Tradicionalmente se ha considerado que los derechos de propiedad intelectual sobre las obras académicas pertenecían al profesorado y no a su universidad. En nuestro país este postulado se pone en cuestión a partir de 2011 cuando se aprueba la Ley de economía sostenible, que se ocupa de la titularidad de los derechos sobre los resultados de investigación obtenidos en las universidades y centros de investigación. La ambigüedad de esta norma despierta un debate entre quienes mantienen que el profesorado conserva la titularidad de los derechos de explotación sobre las obras de su autoría, y quienes entienden que corresponden a la universidad a la que está vinculado como funcionario o a través de un contrato laboral. En 2022 se modificó la regulación añadiendo más confusión. Esto ha favorecido que muchas de las universidades españolas hayan aprobado reglamentos que atribuyen los derechos sobre las obras del profesorado a las propias universidades, en contra de la Ley de propiedad intelectual. Cosa que además resulta contraria a la libertad de investigación científica, según la cual el profesorado debe tener autonomía para decidir sobre la divulgación y publicación de sus obras. Razón por la que, teniendo en cuenta los actos jurídicos de la UE y el Derecho comparado, se propone una redacción alternativa para el art. 35 de la Ley de la ciencia, la tecnología y la innovación, que elimine la ambigüedad.

Historically, intellectual property rights concerning academic works have been at- tributed to faculty members rather than their affiliated universities. In our country, this presumption has been challenged since 2011, following the enactment of the Sustainable Economy Act, which addresses the ownership of rights over research outcomes produced within universities and research institutions. The ambiguity inherent in this legislation has incited a debate between those asserting that faculty members retain the rights to exploit their own works and those contending that such rights belong to the universities with which they are affiliated, either as civil servants or through employment contracts. In 2022, amendments to the regulation introduced further confusion. Consequently, numerous Spanish universities have implemented policies that assign the rights to faculty works to the universities themselves, in contradiction to the Intellectual Property Law. This stance also contravenes the principle of freedom in scientific research, which posits that faculty members should possess autonomy to determine the dissemination and publication of their works. Therefore, in light of European Union legislation and comparative law, a reform of Article 35 of the Science, Technology, and Innovation Act is proposed to resolve the existing ambiguity.