La incorporación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas al Derecho español marcó un punto de inflexión histórico en la configuración de los sujetos criminalmente responsables en nuestro ordenamiento jurídico. Hasta bien entrado el siglo XXI, la tradición penal española, al igual que la de otros sistemas de corte continental, se había mantenido fiel al principio societas delinquere non potest, anclado en postulados heredados de la Revolución Francesa, conforme a los cuales solo las personas físicas podían ser consideradas penalmente responsables. Bajo esta perspectiva, las personas jurídicas
quedaban al margen del Derecho penal sustantivo, y su intervención en hechos delictivos solo podía dar lugar a la imposición de consecuencias accesorias o a la depuración de responsabilidades individuales de sus representantes o directivos.
Este panorama cambió de forma radical con la entrada en vigor de la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal1, que
introdujo de manera expresa la posibilidad de exigir responsabilidad penal directa a las personas jurídicas por determinados delitos.
