Desafíos de las nuevas autoliquidaciones rectificativas: el derecho al error y a discrepar a debate

Abstract

La reforma del modelo de rectificación de autoliquidaciones tributarias, introducida por la Ley 13/2023, de 24 de mayo, y el Real Decreto 117/2024, de 30 de enero, afectará a los impuestos más relevantes gestionados por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. El objetivo es agilizar, simplificar, modernizar y mejorar la eficiencia en la gestión de estos tributos. La principal novedad es la introducción de la autoliquidación rectificativa, que permite corregir cualquier tipo de error, independientemente de la finalidad de la corrección. Esta reforma ha generado preocupación entre expertos y contribuyentes, quienes temen que la automatización y rapidez en las devoluciones puedan conllevar la pérdida de derechos y garantías para los obligados tributarios respecto a la situación actual y el riesgo de ser sancionados. Otro objetivo de la introducción de la autoliquidación rectificativa es la reducción de la conflictividad tributaria. La autoliquidación rectificativa pasará a ser la única vía para plantear discrepancias con la Administración tributaria sin necesidad de que esta compruebe la procedencia de la corrección. Por lo tanto, ya no será posible instar la rectificación de la autoliquidación ni utilizar este camino como mecanismo para discutir el criterio administrativo o para obtener un acto impugnable. Estas novedades han abierto dos debates en la doctrina científica. El primero es la posibilidad de introducir en nuestra legislación el "derecho al error" para regularizar errores sin sanciones, y el segundo es el “derecho a discrepar” de la interpretación de la Administración tributaria sin asumir el riesgo de ser sancionado.

The reform of the self-assessment rectification model, introduced by Law 13/2023 of May 24, and Royal Decree 117/2024 of January 30, will affect the most relevant taxes managed by the State Agency of Tax Administration. The objective is to streamline, simplify, modernize, and improve the efficiency of the management of these taxes. The main novelty is the introduction of the corrective self-assessment, which allows for the correction of any type of error regardless of the purpose of the correction. This reform has generated concern among experts and taxpayers, who fear that automation and speed in refunds could lead to the loss of rights and guarantees for taxpayers compared to the current situation and the risk of being sanctioned. Another objective of the introduction of the corrective self-assessment is the reduction of tax disputes. The corrective self-assessment will become the only way to raise discrepancies with the tax administration without the need for the administration to verify the validity of the correction. Therefore, it will no longer be possible to request the rectification of the self-assessment and, consequently, to use this route as a mechanism to challenge the administrative criterion or to obtain an appealable act. These novelties have opened two debates in scientific doctrine. The first is the possibility of introducing the "right to error" in our legislation to regularize errors without sanctions, and the second is the "right to disagree" with the interpretation of the tax administration without assuming the risk of being sanctioned.