Todo el ejercicio normativo tanto nacional como europeo, desde los
artículos 17 y 24 de la Constitución, hasta la Directiva 2012/13/UE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo, relativa al derecho a la
información en los procesos penales, pasando por la Circular 3/2018, de 1
de junio de la Fiscalía General del Estado, respecto del derecho de defensa,
y los artículos 118, 505.3 y 520.2.d) de la Ley de Enjuiciamiento Criminal,
plantean la necesidad de afrontar como parte esencial del derecho de defensa
y del derecho a un proceso equitativo, referido a las personas privadas de
libertad, el derecho de acceso al expediente para poder impugnar la legalidad
de la detención.
