La Directiva Whistleblowing: un paso más en la privatización del proceso penal. Especial referencia a las entrevistas en las investigaciones internas

Abstract

El presente trabajo tiene por objetivo examinar el valor de las entrevistas realizadas a los trabajadores, en el contexto de una investigación corporativa, en un posterior proceso penal. Se ofrece así un comentario analítico sobre el papel de las investigaciones internas en el fenómeno de privatización del proceso penal, abordando las previsiones que en materia de canales de denuncia e investigaciones intraempresariales ofrece la Directiva 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión, para tratar de dar respuesta a la siguiente pregunta: ¿pueden las declaraciones del trabajador en un interrogatorio interno ser constitutivas de prueba en un proceso penal seguido contra el mismo? Y es caso afirmativo, ¿vulnera el derecho a la no autoincriminación la aportación al proceso penal de declaraciones vertidas en investigaciones intraempresariales?; ¿qué límites rigen el valor probatorio penal de las entrevistas realizadas a trabajadores en las investigaciones internas?

The aim of this paper is to examine the value of employee interviews, in the context of a corporate investigation, in subsequent criminal proceedings. It thus offers an analytical commentary on the role of internal investigations in the phenomenon of privatisation of criminal proceedings, addressing the provisions on whistleblowing channels and intra-corporate investigations offered by Directive 2019/1937 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2019 on the protection of persons who report breaches of Union law, in order to answer the following question: can the statements made by an employee in an internal interrogation constitute evidence in criminal proceedings against the same employee? If so, is the right against self-incrimination violated when statements made in intra-corporate investigations are used in criminal proceedings?; what limits should govern the criminal evidentiary value of interviews with employees in internal investigations?